Mirando hacia un futuro sustentable con los pies puestos en el suelo

Por: Delia Rodríguez

El Siglo XX estuvo marcado por una alta revolución demográfica que llevó al rápido desarrollo de poblados o ciudades en torno a los centros de producción industrial. En Chile en los últimos 50 años la población total ha crecido un 33%, y la población urbana un 15%, lo que implica que la mitad de la población se ha ido instalando en zonas de rápida urbanización, que albergan cerca del 90% de la población del país. Esta aceleración del crecimiento urbano no es sólo un fenómeno propio de las grandes ciudades como Santiago, sino que se extiende por todo el territorio y es observable en las ciudades intermedias como La Serena, Valparaíso, Concepción o Temuco. Este agrandamiento provoca que las viviendas se aproximen a industrias potencialmente contaminantes como mineras, metalúrgicas, agroquímicas, refinerías, etc., lo que a su vez induce la degradación de la calidad de vida y salud de las personas. Ante estas perspectivas, los desafíos del desarrollo sostenible se concentran cada vez más en las ciudades.

La Constitución Política de la República de Chile de 1980 en su artículo 19, “asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Para garantizar este derecho todas las actividades deben cumplir con las normas que establece la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417/2010), la cual acoge dos tipos de normas de calidad ambiental: las primarias, que protegen la salud de la población humana, y las secundarias, que protegen o conservan el medio ambiente y la naturaleza. En cuanto a las secundarias, Chile posee normas para la calidad de aire y agua, pero carece de normas de calidad de suelo. En consecuencia, no existe definición de las sustancias que pueden estar presente en ellos, sin lograr definirlas como potencialmente tóxicas, ni una regulación del uso que se les pueda dar a cada suelo en virtud de sus características. Este problema de contaminación y salud no lo aborda el ordenamiento territorial. 

La contaminación del suelo se ha evidenciado que tiene una directa relación con la contaminación del aire, la cual tiende a dispersarse por corrientes de circulación atmosférica y a acumularse en los suelos convirtiéndolos en un sumidero de la mayor parte de estas sustancias, incluidos los metales en general. En particular, los suelos de los parques infantiles y de juego, por su uso e intervención, son muy susceptibles a la degradación ambiental y acumulan una gran variedad de sustancias tóxicas propias a su naturaleza y derivadas de su mantención y entorno. 

Un estudio reciente en parques infantiles de algunas ciudades de la Región del Bíobío muestra que existen concentraciones de metales tóxicos, como As y Cu, superiores a las que presentan otras ciudades que tienen siglos de antigüedad, como Madrid, Sao Paulo o Estambul. Las comparaciones realizadas con ciertas normativas internacionales (VROM y ADEC) no son concluyentes, aunque ambas muestran una toxicidad ambiental leve para cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), cinc (Zn) y plomo (Pb) y un riesgo notable para el arsénico (As) y, en menor medida, cadmio (Cd). Además, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, 2004) estos niveles de As superan el valor de activación que puede causar riesgo de cáncer en la población. La presencia de estos elementos se relaciona con actividades que realiza el ser humano. La presencia de Cu y Zn en los suelos de estos parques se asocian a la combustión de petróleo y carbón en la industria metalúrgica y portuaria. El Cr y Cd se relacionan con la industria textil y productos de uso agropecuario, pinturas y una amplia gama de biocidas y herbicidas empleados en la mantención de los lugares de juego y recreación y al tráfico vehicular. El Ni y Pb a las emisiones producidas por la combustión quema de leña en los hogares y la combustión de los motores de gasolina y diésel. Por último, el As, elemento común de todos los parques estudiados, es el único que tiene un origen natural derivado de la elevada actividad volcánica que presenta Chile. 

El efecto perjudicial para la salud depende de la toxicidad de los metales, de su vía de administración (respiratoria, digestiva, cutánea) y de la vulnerabilidad del receptor, que es la capacidad que éste tiene de ser afectado o recibir lesiones al asimilarlos en su organismo. Los niños son más vulnerables a los efectos tóxicos de los metales que los adultos y también tienen más probabilidades de ingerir involuntariamente materia del suelo al meter sus manos y objetos de juego sucios en la boca o comer tierra deliberadamente.

Al no existir en Chile valores de referencia de contaminación para los diferentes tipos de usos de suelos, una norma o regulación, con frecuencia se acude a normativas extranjeras que en la mayoría de los casos resultan inadecuados e insuficientes debido a las particulares características geológicas y climáticas que presenta Chile a lo largo de su territorio.

En resumen, el crecimiento económico, la expansión urbanística, la falta de planificación y regulación de suelos en materia ambiental está llevando a Chile al empeoramiento de la calidad de la vida en las zonas urbanas y a incurrir en situaciones de riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, en particular de los niños. Según la FAO, las estrategias y medidas de conservación de suelos son esenciales para lograr los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La pregunta que nos queda en el aire y no en el suelo es: ¿cabe duda de que Chile necesita una ley de suelos que norme los contenidos de metales tóxicos y que contemple la planificación urbana como una herramienta orientada hacia el concepto de «ciudad sostenible”?