Zonas de Sacrificio

Entrevista realizada a: Alejandra Donoso – ONG Defensoría Ambiental.
Entrevista realizada por: Valeska Farìas y Valeria Tort.


Escuchar el término “zonas de sacrificio” probablemente te haga recordar el caso de Quintero-Puchuncaví, donde más de 2.000 personas se intoxicaron por el simple hecho de respirar. Actualmente, incluso en medio del coronavirus, la alta actividad industrial y la falta de regularización de los contaminantes aéreos, todavía merman la calidad de vida y salud de sus habitantes. En este reportaje nos planteamos algunas preguntas como: ¿En qué parte falla el sistema provocando este grave daño a la calidad de sus habitantes?, ¿Qué es una zona de sacrificio y cuáles son?, ¿Cómo solucionar esta situación?

Para resolver algunas de estas dudas hemos entrevistado a Alejandra Donoso, Directora Ejecutiva de ONG Defensoría Ambiental, quienes trabajan con comunidades que son afectadas por conflictos socioambientales.


Alejandra, cuéntanos, ¿qué hace la ONG Defensoría Ambiental?

La ONG trabaja con las comunidades que se reúnen para enfrentar los distintos conflictos socioambientales que están viviendo. Entrega herramientas e intenta ser un vaso comunicante desde la comunidad hacia la opinión pública o la toma de decisiones. Para eso, trabaja con un enfoque estratégico, trans o interdisciplinar y complejo, ya que la realidad actual no permite una adecuada protección de la naturaleza, en tanto sea entendida como fuente de «recursos naturales», como un bien económico, cuya apropiabilidad se resguarda más que su propia existencia. También promueve la discusión sobre diversas temáticas afines, al vincularse con otras organizaciones que puedan ser un aporte ante la falta de información que existe en los conflictos socioambientales, desde diversas áreas del conocimiento (geología, biología, arqueología, etcétera).


¿Cómo se podría definir lo que es una «zona de sacrificio»?

El concepto de «zona de sacrificio» refiere a una realidad bastante más presente de lo que nos gustaría en el Sur Global. Sus antecedentes conocidos están en las injusticias ambientales que sufrían las comunidades afrodescendientes en la década de 1970 en EEUU, donde se concentraba el acopio, legal e ilegal, de basura. De allí surgió la Agencia de Protección Ambiental de ese país.

En Chile, se trata de un concepto recogido por las propias comunidades que sufren estas injusticias ambientales, como una forma de reconocer y visibilizar esta realidad.

De acuerdo con lo definido durante el Cónclave de las comunas en «zona de sacrificio» el año 2014, las zonas de sacrificio se caracterizan por:

  • Un crecimiento económico desmedido, desregulado, escasamente fiscalizado, sometido a normativa insuficiente para el resguardo de los derechos de las personas.
  • La omisión, por parte del Estado, en el cumplimiento de sus deberes constitucionales para con estas comunidades, dejando sin ejercer las facultades, poderes y deberes para resguardar los derechos de la población.

Llevando a una vulneración interseccional de los derechos más básicos de las personas: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, al medio ambiente sano, necesarios para el ejercicio de cualquier otro derecho, donde el mercado y el Estado las han arrojado a la marginalidad, convertidas en comunidades empobrecidas y vulnerables.

 

¿Cuáles son las zonas de sacrificio en Chile?

El 2014 el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, reconoció y habló de «zonas de sacrificio» y admitió al menos la existencia de cinco de ellas en el país: Quintero y Puchuncaví, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones. Sin embargo, con la definición establecida en el enunciado anterior, hoy día existen más comunidades que caen dentro de ese concepto, como Til til, donde hay basurales e industrias químicas, y también varias bajo amenaza, como Chiloé o Puerto Williams.


¿Qué genera que existan las zonas de sacrificio?

Hay grandes falencias en nuestro ordenamiento jurídico, espacios normativos que permiten la proliferación de prácticas que van en la línea de facilitar la inversión económica, sobre todo a gran y mega escala, a costa de lo que debiera ser el bien jurídico protegido, el medio ambiente como objeto de protección. Sin considerar límites planetarios, humanos, de capacidad de cuencas, de regeneración de las especies; la pésima o nula política de ordenamiento territorial, la escasa y permisiva normativa que limite la presencia de contaminantes nocivos para la salud, la ausencia de evaluación de impactos ambientales de manera generalizada y actualizada, la muy escasa fiscalización, en otras palabras, la pasividad del Estado; han permitido la proliferación de empresas altamente contaminantes, sujetas a muy pocas y precarias condiciones de operación, favoreciendo y finalmente forzando que sean las comunidades aledañas quienes carguen con las externalidades negativas del crecimiento económico. Específicamente algunas problemáticas son:

(1) Ausencia declarada de fiscalización en ciertas empresas, una insuficiente evaluación y fiscalización generalizada y de evaluación: hay varias industrias que son previas a la existencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual comienza en 1997; y la Superintendencia del Medioambiente dice que sólo puede fiscalizar resoluciones de calificación ambiental, por lo que las industrias más antiguas, obsoletas y contaminantes, quedan fuera de la fiscalización. Esto es contrario al tenor literal de la ley y a lo que ha dicho la corte suprema.

Por otro lado, cuando se evalúa es a través de la Declaración de Impacto Ambiental, de menor exigencia que los Estudios de Impacto Ambiental, que no cuentan con participación ciudadana (y de haberlo no es vinculante), no se les exige definir en un principio área de influencia y lo que albergaba (comunidades, bosques, reserva, etc., la ‘foto previa’), y los proyectos se pueden modificar o ampliar en el camino sin que los cambios se sometan a evaluación.

(2) Permisividad: Existen normas de calidad que regulan algunos elementos o compuestos que poseen estándares permisivos con respecto a los que establece la OMS (Organización Mundial de la Salud). Por otro lado, para los que no se regulan, entre los que se encuentran metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, la ley no obliga a que las empresas informen qué sustancias se están emitiendo ni en qué cantidad.

(3) Ordenamiento territorial. No se fijan límites entre dónde se ubica una industria y la ciudadanía, salvo en los instrumentos de planificación territorial, que se cambian por decreto. Un caso clave es el sucedido el 2010 en Campiche, donde el Ministerio de Vivienda modificó la Norma General de Urbanismo y Construcciones, para permitir que continuara operando la termoeléctrica Campiche. Esta había paralizado sus obras debido a un fallo de la Corte Suprema a favor de la comunidad que presentó el recurso.


¿Desde qué organismo debieran surgir las normas que mejoren el sistema? Y, ¿qué cambios se piden?

La secretaría de gobierno encargada de la política pública ambiental, que debiera cumplir el deber constitucional de preservación de la naturaleza, es del Ministerio del Medio Ambiente. El problema es que el diseño institucional, incluyendo a la institucionalidad ambiental, no están dotadas de mecanismos ni presupuesto adecuado para cumplir con ese rol, pues se ha utilizado la institucionalidad ambiental para «validar» proyectos de inversión, poniendo el eje en la inversión y no en el medio ambiente, y así, por ejemplo, tenemos un comité de ministros, integrado, entre otros, por los ministerios de hacienda y economía, que tiene la palabra final sobre la evaluación de impactos ambientales de un proyecto de inversión, y su consecuente aprobación o rechazo.


Este deterioro del ambiente merma la calidad de vida de las personas; sin embargo, la actividad industrial en Chile se realiza en pos del crecimiento económico. ¿Qué opinan de esto?

En primer lugar, las cifras macroeconómicas no reflejan la realidad de las y los habitantes del país. La mega industria, de cualquier índole, genera una serie de impactos que no son internalizados y terminan siendo soportados por las personas, que cargan con los costos ambientales. En contra partida, los beneficios económicos, tratándose de mega industrias, terminan beneficiando a sus dueños, al mismo pequeño puñado de dueños del país que, abusando de sus influencias, incluso ha logrado adaptar la normativa a sus intereses, que son individuales, económicos, y no pueden estar por sobre los derechos a la vida y la salud de las personas. No es posible sacrificar el medio ambiente, la posibilidad de la vida, para seguir sosteniendo un modelo económico que limita con el planeta, que lo agota y lo destruye, que deja muerte y pobreza a su paso. El Estado, un Estado de Derecho que proteja a las personas, no debería permitir que eso ocurriera. El desarrollo económico no puede ser ilimitado, ni puede ser a costa de la vida de las personas y del planeta.

 

Invitación a la reflexión

Los geólogos tenemos una participación incipiente en la elaboración de instrumentos de planificación territorial desde la perspectiva del peligro geológico, que es lo que está normado. Sin embargo, también somos capaces de evaluar cómo se dispersan los contaminantes en el medio ambiente, analizar la biodisponibilidad y bioacumulación de las sustancias y las medidas de captación o reducción de contaminantes. ¿No es momento de que este tipo de problemáticas ambientales sean consideradas en la planificación y ordenamiento territorial?

Queremos instarte a pensar, qué cambios se tienen que hacer tanto a nivel de norma, como en la forma en que se piensa el territorio, puesto que ningún sector de Chile debiera cargar con el costo medioambiental y sanitario del desarrollo del país.